Los terminales GPS (Sistema de Posicionamiento Global) son la fórmula más común y exacta de localización. Pero no es necesario contar con este sistema de satélites (24 en funcionamiento y tres extras) para saber dónde se encuentra una persona. Para estar localizable basta con encender el teléfono móvil y tener cobertura con cualquiera de las cerca de 40.000 antenas de telefonía que se calcula hay en España.
Todos los terminales móviles transmiten un único número de identificación a la antena más cercana. Esto, mediante un sistema de triangulación, permite ubicarlos en unos pocos kilómetros. En las ciudades, donde hay un mayor número de antenas, es posible localizar el teléfono con un margen de error de 200 metros, mientras que en las zonas rurales este margen se puede ampliar hasta cinco kilómetros.
En EEUU, este tipo de control ya ha provocado polémica. La Fundación Electronic Frontier de San Francisco, que trata de proteger la privacidad de los usuarios, lleva desde finales de 2005 haciendo frente a los intentos del Gobierno estadounidense de acceder a la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles sin una orden judicial.
Quién puede localizar a otro
En España ya hay más de 46 millones de teléfonos móviles, lo que asegura un potencial de control considerable. Las compañías que comercializan servicios de localización mediante antenas, como el servicio Localízame de Movistar, argumentan que estas utilidades pueden cambiar la manera de los usuarios de permanecer en contacto. La utilización de los servicios de localización puede ayudar a encontrar a un amigo en una plaza abarrotada, recomendar un restaurante cercano, o localizar a niños y ancianos perdidos.
No obstante, el abogado de Electronic Frontier Kevin Backston sostiene la teoría de que estos servicios, cuya utilidad está fuera de toda duda, también pueden servir a los gobiernos como sistemas espía, y afirma que los usuarios no comprenden el riesgo que puede suponer para su privacidad.
Desde Movistar se insiste en la idea de que es necesaria la autorización previa de la persona a la que se pretende localizar. De hecho, el localizado tiene que darse de alta por web o mediante una llamada, y autorizar a determinados números para que lo ubiquen a unas horas concretas. La compañía confirma que este tipo de servicios está siendo utilizado sobre todo en el entorno familiar, y que los localizados suelen ser los hijos menores de la familia.
El debate en EEUU va un paso más allá de estos servicios de pago bajo demanda. La polémica está centrada en si el Gobierno puede hacer uso o no de este tipo de sistemas sin autorización judicial. Si hay sospechas de actos criminales, la localización se autorizará mediante una orden. Pero sin permiso previo, judicial o del particular, la intimidad del usuario es un derecho inviolable.
Publico.es
10 de octubre de 2007
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