Oficinas antimobbing en cada distrito de Barcelona. No sólo de modo nominal, sino de acompañamiento real con un equipo de asesores para resolver los casos. De esa forma el alcalde y candidato socialista, Jordi Hereu, quiere controlar mejor el fenómeno de presión inmobiliaria que se ha extendido por la ciudad y también las denuncias de sobreocupación, los llamados pisos patera. Hasta ahora, la oficina de atención a las denuncias de mobbing inmobiliario es más un servicio de asesoramiento que de resolución real de los conflictos, algo que ha sido denunciado por la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) y que ha sido motivo, también, de una llamada de atención por parte del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona.
El Síndic afirmaba en un informe de octubre pasado que el Ayuntamiento no puede limitarse a denunciar a los propietaros que dejan que una finca se degrade para echar a los inquilinos después, sino que debe subsanar las deficiencias si persiste la inacción de la propiedad. El informe apuntaba que la actuación municipal era "manifiestamente" mejorable y consideró que la apertura de ese servicio fue un gesto "de cara a la galería". El citado servicio está encuadrado dentro de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), controlada por el republicano Jordi Portabella (ERC). Por lo que dijo ayer el alcaldable socialista, si gana las elecciones, la atención al mobbing se hará en cada distrito por equipos de profesionales que atiendan los problemas y "acompañen" al ciudadano afectado. Arquitectos y abogados, entre otros profesionales, tomarán las riendas de los asuntos, dijo Hereu.
Añadió que esa misma oficina será la que controlará y se encargará de comprobar los habitantes de los pisos con una hoja de empadronamiento que puede indicar dos cosas: que las familias son muy extensas o que se trata de una pensión ilegal. Es decir, de pisos patera.
"Se hará [el control] desde los distritos porque es donde se conoce mejor la realidad y no desde una oficina general de atención al consumidor", puntualizó. Otra función de ese nuevo servicio -que se ha ensayado en Ciutat Vella al final del mandato- será identificar los pisos vacíos, que, tras una mediación municipal, se intentarán poner en el mercado de alquiler. También asumirá las ayudas para el alquiler social, algo que en estos momentos tienen unas 4.000 familias en Barcelona, que perciben una media de 175 euros al mes como subvención.
Hereu opina que el mercado de la vivienda girará hacia el alquiler en los próximos años y se comprometió a crear un parque de viviendas sociales de titularidad municipal.
También se comprometió a acelerar la política de rehabilitación de viviendas, hasta llegar a 30.000.
El País
17 de mayo de 2007
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