El primer paso para evitar las "negociaciones encubiertas" entre los grupos de presión y los partidos políticos es arrojar luz sobre estas relaciones. Con esta intención, el cabeza de lista de ICV-EUiA, Joan Herrera, propuso ayer que las Cortes regulen y controlen la actividad de estos grupos, conocidos como lobis, mediante un registro público y obligatorio que permita no solo identificarlos, sino también publicar sus reuniones con los políticos y, si encaja, imponer sanciones por conductas incorrectas. Como declaración de intenciones, el candidato ecosocialista reconoció que todas las formaciones mantienen contactos con lobis --citó expresamente a Greenpeace o Ecologistas en Acción como interlocutores habituales de ICV--, pero señaló que algunos de estos colectivos "representan solo a unos pocos poderosos que acaban ejerciendo una enorme influencia en la toma de decisiones del Parlamento, haciendo que muchas leyes respondan a sus intereses". En la mente de Herrera estaban, sobre todo, las entidades financieras, las empresas eléctricas y la industria farmacéutica, cuya presión, según explicó, es tan grande que consiguen "votar por teléfono" cada semana para virar el rumbo de algunas normativas parlamentarias. "Queremos que eso se sepa para que la ciudadanía conozca a quien representa cada partido. No se trata de prohibir la actividad de los lobis, sino de que actuen con transparencia", aclaró Herrera.El Periódico de Catalunya
27 de febrero de 2007
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