El viceconsejero de Vivienda, Javier Deán (Bilbao, 1958), asegura que mantener una vivienda vacía es un lujo que la sociedad vasca no puede permitirse. Reconoce que la pretensión del Gobierno de gravar con un canon de nueve euros diarios los pisos vacíos entra en colisión con el derecho a la propiedad recogido en la Constitución. Pero puntualiza que, entre el derecho a la propiedad y la función social que debe tener ésta, la Constitución se inclina por la segunda. "Gravar un piso vacío", concluye "es una propuesta que encaja bien en la Constitución".
"No tenemos afán recaudador. Lo que pretende el Gobierno es que todos esos pisos vacíos se pongan a disposición de la gente que los necesita. Se trata de convencer a los dueños de inmuebles vacíos de que hagan un gesto solidario a favor de mucha gente joven que no puede acceder a una vivienda en el mercado libre. Además, se trata de animarles a que pongan su vivienda en valor, obteniendo una rentabilidad por alquilarla. El alquiler es una fórmula indispensable para garantizar que la totalidad de la población puede acceder a una vivienda en condiciones dignas y, en especial, aquellos sectores que más dificultades tienen: los jóvenes con empleos precarios."
¿Cómo van a definir qué es un piso vacío?
"Aquel que, siendo de primera residencia, lleve más de un año desocupado."
¿Y cómo se determina que está efectivamente vacío?
"Los indicios que incluye el anteproyecto de ley son varios. En primer lugar, el empadronamiento, entendiendo que una casa en la que no hay personas empadronadas se encuentra vacía. En segundo lugar están los contratos de suministro; si no hay contrato de luz o de agua, parece obvio que la vivienda se encuentra desocupada. Los consumos se pueden validar por medio de visitas de inspectores. Es una cuestión en la que el Gobierno ya tiene experiencia. Llevamos dos años inspeccionando de manera sistemática miles de viviendas de protección oficial. En algunos casos, para averiguar si se encuentran vacías o en ellas viven personas que no están autorizadas. Hemos descubierto viviendas protegidas vacías, las hemos sancionado y los dueños han tenido que pagar. Por lo tanto, el modelo es perfectamente aplicable, y lo que hace falta es voluntad política en los respectivos ayuntamientos para llevarlo a cabo."
El País,
24 de enero de 2007
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